REFLEXIONES SOBRE LA FALLIDA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

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María Paz Olavarría Pérez, Directora Carrera de Derecho. Universidad San Sebastián, Sede De la Patagonia.

Para nadie es motivo de indiferencia la reciente acusación constitucional formulada en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos Sigall. Antes de ser presentada (la acusación), acaparó la más amplia cobertura mediática y política, que se extendió hasta el este martes 01 de octubre, momento en que se declara el rechazo por la Honorable Cámara de Diputados.

Como bien señala la primera página de la presentación efectuada en contra de la Ministra, la Acusación Constitucional es una herramienta consagrada en el Art 52 N° 2 de nuestra Constitución Política. En lo referente a los Ministros de Estado, en la letra b) del numeral antes mencionado, se señala que le corresponderá a la Honorable Cámara de Diputados: «Declarar si han o no lugar a las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: letra b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno.»

Cualquier persona que lee el artículo antes citado, y aún sin tener profundos conocimientos jurídicos o ser experto en el área, puede comprender que se trata de una importantísima herramienta, aplicable restrictivamente a casos de tal gravedad y magnitud que hayan producido las consecuencias ahí mencionadas, o las que deriven de la interpretación de las mismas, pero siempre en un contexto de gravedad y magnitud que implica esta institución consagrada por la Constitución Política.

Por lo anterior, si analizamos los hechos, y los argumentos de forma y fondo en los cuales se funda la acusación constitucional presentada, es evidente que nunca estuvimos frente a los requisitos que, jurídicamente, hacen procedente este importante mecanismo, con las graves consecuencias que ello implica en caso de haber sido acogida.
Esto se reflexionó y comentó ampliamente en las intervenciones efectuadas por los destacados académicos del área que fueron invitados a presentar a la respectiva comisión, quedando demostrado que evidentemente el libelo no cumplía los presupuestos mínimos para su admisibilidad y procedencia. De esta forma, debiendo haber sido ese el eje central que motive la presentación de una de las herramientas constitucionales más relevantes que consagra nuestra Carta Fundamental, lo que vimos fue una lamentable rencilla política, que evidenció argumentos basados en revanchismos por situaciones pasadas, falta de tolerancia ante opiniones o posiciones políticas contrapuestas, lo que quedó de manifiesto claramente al presentarse los argumentos a favor de la acusación y en el posterior debate.

Por lo anterior, más allá de victorias o derrotas dependiendo de la vereda política que se mire, lo que nos deja esta fallida acusación es una evidente falta de seriedad en la utilización de mecanismos que garantiza la Constitución Política para situaciones tan graves como las descritas en la norma referida en párrafos anteriores, desvirtuando la institucionalidad constitucional de tal manera, que lleva incluso a poner en riesgo la democracia de un país, que todos debemos cuidar, proteger y resguardar.

Lo delicado de esta situación es que quienes desvirtúan la institucionalidad no somos los ciudadanos comunes, sino que nuestros representantes en el poder legislativo, quienes han de ser la voz y voto de un electorado que los elige en forma seria y responsable, esperando un ejercicio de ese rol en las mismas condiciones.
Más allá de las victorias o derrotas políticas, fortalecimientos o quiebres de coaliciones, la reciente acusación constitucional no hace más que aumentar la percepción de desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y su funcionamiento, concretamente en este caso, en quienes pueden ejercer estas herramientas en la Cámara de Diputados, más aun considerando que todo finalmente derivó en un rechazo que hizo perder tiempo, recursos y largas sesiones que pudieron ser destinadas a discutir y trabajar en los proyectos que hoy en día están pendientes y que requieren de una mayor celeridad.

Nuestra sociedad no puede seguir percibiendo desconfianza o falta de seriedad en sus instituciones, sino que debemos fortalecer dicha confianza, debiendo al menos dar el ejemplo quienes son los actores principales para resguardar nuestra Democracia y Estado de

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