«Es violencia institucional y una normalización de la violencia sexual de parte del Estado»

El último informe dado a conocer por el Ministerio de Salud (MINSAL) que da cuenta que un 50.5% de los obstetras chilenos se declara objetor de conciencia en casos de violación, no es sorprendente. Es un problema que venimos denunciando hace meses como Corporación Miles.

Desde la entrada en vigencia de la ley 21.030, más conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, se han evidenciado innumerables trabas que han dificultado el acceso a niñas, jóvenes y mujeres a esta prestación de salud. Con el gobierno de Sebastián Piñera esto se ha acentuado aún más, sobre todo al facilitar la objeción de conciencia institucional en centros de salud que reciben aportes del Estado.

Nos preocupa que el MINSAL siga entorpeciendo la ley de aborto en tres causales, que contó con alto apoyo popular para que sea efectiva, al permitir que la cifra de objetores de conciencia vaya en aumento cuando la normativa es clara al decir que debe ser de carácter excepcional y no la regla general. Pero también nos preocupa la cifra oculta que no aparece en ningún informe y que el MINSAL no fiscaliza: la del número indeterminado de profesionales de la salud que no se declaran objetores de conciencia en el papel, pero en la práctica lo son y que obstaculizan la prestación del servicio, dilatan procesos y exigen más requisitos de los que la misma ley exige. Esto ha provocado que muchas mujeres desistan de acceder a la ley 21.030.

La objeción de conciencia individual es un derecho, pero el MINSAL no puede permitir que en los sistemas de salud públicos se masifique. Debe regular y delimitar la objeción de conciencia. Y velar porque exista la capacidad de profesionales suficientes para que la prestación médica no se vea interrumpida en los servicios de salud y la mujer que decida acceder a la ley de aborto en 3 causales pueda hacerlo de manera oportuna. Algo que no sucede siempre.

Nos parece grave que, por ejemplo, en Osorno haya solo un obstetra disponible para atender a todas las mujeres de la región que han sido violadas. O que en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente el número de objetores se haya duplicado, pasando de 15 a 39 especialistas, sin que se contrate nuevo personal que no sea objetor de conciencia. Eso implica una gravísima falta de servicio de parte del Estado, en especial del ministro de salud Emilio Santelices, quien tiene la responsabilidad de precaver que no se obstaculice el acceso de las mujeres al aborto protegido por ley. Cabe recordar que el principio que rige el Derecho Administrativo, que regula los ministerios, es la continuidad en el servicio público, o sea se debe evitar que las mujeres tengan que hacer un peregrinaje de servicio en servicio para acceder a una prestación que por derecho tienen.

En el marco internacional esto se encuentra sancionado por convenciones internacionales, como de la CEDAW, que recomiendan velar porque se respete el derecho de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus maternidades y no obstaculizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Por tanto, aumentar las barreras y los objetores de conciencia en cualquiera de las tres causales, es violencia institucional hacia las mujeres. Y lo que es peor, aumentarlos en la causal por violación y bajarle el perfil al asunto, da cuenta de la normalización de la violencia sexual en contra de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes por parte de la sociedad y particularmente del gobierno de Sebastián Piñera.

Facebook Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *